Xavier Roig
Gestión 2000. Barcelona, 2010
Acabo de leer este libro que presenta un desolador panorama sobre la situación de nuestro país. Publicado por primera vez en 2008, ahonda en las razones de la crisis actual, aportando numerosas anécdotas sobre este asunto a través del proceso vivido al respecto en Cataluña estas últimas décadas.
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Visto a día de hoy asombra la clarividencia de su autor sobre las causas profundas de que nos hallemos sumidos en un pozo económico muy oscuro. Y es que las consecuencias de la crisis económica internacional son especialmente graves aquí, debido a la actitud con que solemos afrontar estos problemas colectivamente.
El libro comienza con la presentación de una frase del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani que dice:
El primero de los Derechos Humanos debe ser la libertad de no tener miedo
Y es que realmente para progresar no se debería temer a aquella libertad de expresión que nos permita argumentar y poder con ello cooperar para avanzar. Libertad para opinar, a pesar de que algunas personas se puedan sentir agredidas por las críticas y razonamientos que se vierten. Y es que me parece que el autor sufre esa actitud generalizada aquí que condena al ostracismo al que disiente.
Xavier Roig –que se define como un liberal firmemente admirador de la práctica organizativa de las sociedades anglosajonas- comienza su libro haciendo una reflexión sobre el significado de lo público. Explica una evidencia, esa concepción ideológica sumamente arraigada entre la sociedad española consistente en que todo aquello que desarrolla el sector público es esencialmente bueno para el conjunto de los ciudadanos. Pues bien, tal y como lo presenta, esa forma de pensar sería una de las causas fundamentales de la presente crisis económica que nos atenaza.
Para Roig la dicotomía entre lo público y lo privado que algunos propugnan, en la que las tareas que se realizan desde la esfera pública son esencialmente positivas para el desarrollo colectivo y que lo que ejecutan los privados suele estar imbuido por intereses oscuros y malévolos, es esencialmente falsa. Y es consecuencia de un planteamiento argumental destinado a favorecer los intereses de una clase concreta, la de aquellas personas que se hayan ya incrustadas dentro de las administraciones públicas.
Sin embargo, el verdadero problema estriba en la incapacidad nacional para valorar si lo que se ejecuta se hace de una manera realmente eficiente o, por el contrario, la forma de organización es mejorable. Se considera sistemáticamente que aquello que se realiza desde las administraciones públicas suele ser bueno porque representa per se la solución social de las necesidades, sin tasar o medir la consecución o no del objetivo perseguido.
Según el autor la situación insostenible a la que hemos llegado se fundamenta en el desembarco masivo durante varias décadas en el sector público de un falso progresismo de derechas y de izquierdas, representado por aquellos excomunistas y sindicalistas que protagonizaron las revueltas universitarias contra el régimen anterior, allá por los años 70. La visión colectivista de la organización social ha acabado así imponiéndose de una manera sutil y progresivamente dominante.
El ejemplo extremo de esta situación es la colonización asfixiante de la política española por una visión administrativista y burocrática. Ejemplifica ese hecho una comparación de nuestro parlamento nacional con los que existen en nuestro entorno. Mientras el Congreso de los Diputados español tiene más de un 70% de miembros provenientes del sector público, la composición de esos órganos es claramente divergente en otros países de nuestro entorno. En Francia solo el 50% de sus componentes son funcionarios y en la House of Commons británica esta proporción disminuye al 45%.
Ahí, en la esfera política, los representantes de la función pública -que no de los ciudadanos- defienden claramente sus objetivos corporativos y los privilegios adquiridos por encima de cualquier otra consideración. Y todo ello, claramente por encima de los intereses de los que los han votado.
Marcianos. Imagen: Le Toy
Según Roig, han querido convencernos de que las políticas sociales implican más control público…la burocracia que ha surgido de este planteamiento y que pretende pasar por “social”, no es ni mucho menos bienintencionada. Para él, la obligación de crear una sociedad más justa la tenemos todos y los aparatos públicos solo deberían ejercer como administradores de los recursos, no como ejecutores omnímodos y exclusivos de las políticas.
Por ello la actuación colectiva en la provisión de productos y servicios debería enmarcarse siempre en la consecución de la mayor eficacia. Y a este respecto, los departamentos administrativos son espacios reacios a la evaluación de resultados y al establecimiento de objetivos realmente medibles y fiscalizables. Es preciso analizar y medir los resultados para detectar comparativamente donde se realizan las tareas con mayor calidad, menor coste y menor tiempo. Frente a la necesidad anterior, los espacios de opacidad son sumamente característicos de la burocracia, sin que los ciudadanos podamos tener herramientas de juicio para poder discernir cuales son las necesidades reales ni el cumplimiento de los objetivos.
La introducción de conceptos como la mejora organizativa constante, el incremento de la productividad, el análisis para la mejora de procesos, la introducción de métodos productivos más eficientes, etc. junto a una formación continuada son estrategias bastante arraigadas dentro de la iniciativa privada. A los operadores empresariales y profesionales privados no les ha quedado más remedio que aceptar estos esfuerzos para poder sobrevivir en un entorno local e internacional crecientemente abierto y competitivo.
Por ello, muchas tareas que se realizan dentro de la propia administración, que se asignan también indefectiblemente a las empresas del sector público, deberían abrirse más a la posibilidad de que se hagan siempre desde la iniciativa privada. Sin embargo, el concepto de subsidiariedad, que se impone desde la Unión Europea es algo a lo que las castas burocráticas son extremadamente reacias. Cuando hablamos de subisidiariedad hay que entender que las tareas deben realizarlas efectivamente aquellos que tienen la mejor capacidad y efectividad, es decir las empresas y profesionales privados y en su defecto, el organismo más próximo a los ciudadanos. Por el contrario, la práctica de los que detentan poderes públicos es ir acaparando progresivamente cada vez más trabajo. Y ello a pesar de que el que tengan ya asignado se haga francamente mal. Pero así se tiene un argumento para reclamar constantemente una mayor provisión de recursos.
Lo cierto es que aquí el conjunto de la maquinaria estatal trabaja para proteger y defender sus intereses corporativos por encima de las declaraciones grandilocuentes. Los empleados del sector público se han buscado muchas áreas de influencia, tales como los parlamentos convirtiéndolos en instrumentos de protección de sus intereses. Algo así hacia la aristocracia en los regimenes monárquicos. Aquí se presenta una anécdota sobre Cuba que no por real deja de ser significativa: Fidel hace ver que nos paga y nosotros hacemos ver que trabajamos.
De acuerdo a lo expresado en el libro, el sistema de estado providencia ineficaz, propugnado en la mayoría de los países europeos meridionales, es un mal común en los despectivamente llamados PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain). Donde el poder efectivo lo detenta una burocracia cada vez más autoprotegida, y que por el contrario se necesita un nuevo escenario en el que los individuos asuman la responsabilidad de sus actos y, en consecuencia, entiendan que también tienen obligaciones colectivas. En el que no exista la creencia de que siempre tenemos derechos para cualquier cosa; que existen servicios para todo, que deben ser ofrecidos por un estado en crecimiento constante con la contrapartida de un control que recorta las libertades individuales y genera amplísimas ineficiencias.
Por ello deberemos batallar para imponer actitudes contrarias a estas tendencias. Frente a la opacidad, ausencia de evaluación y descontrol público, habría que propugnar la imposición de una mayor transparencia, la búsqueda de eficacia en el empleo de los recursos colectivos y la eliminación de trabas legales innecesarias.
Roig presenta algunos ejemplos extremos y graves de esta situación de creciente esclerotización de la sociedad española. Un proceso de empobrecimiento que nos hunde cada vez más frente a la competencia de aquellos que si han sabido adaptarse a un entorno crecientemente competitivo. Es el caso de la educación universitaria y el mundo de la cultura. El sistema educativo imperante constituye un monopolio de facto que, además, no funciona adecuadamente. Las universidades españolas padecen el mismo mal que se denuncia respecto al sector público, pero llevado al extremo. El profesorado se identifica con las actitudes funcionariales, parece que colectivamente buscan la unificación por abajo: todos deben ser igual de malos. El proceso de selección universitaria no se deriva del merito sino de la sumisión. Al no incentivarse la competencia no hay estímulos para mejorar, lo que tiene una grave repercusión para las posibilidades de supervivencia nacional.
Como consecuencia del desastre universitario, esta generación que viene va a ser la primera en la historia del país en la que existirán menos titulados que la anterior. Su conclusión sobre España es demoledora: el aparato público ha arañado tanto poder como ha podido, que controla la educación y que con la excusa de transformar esta sociedad mediterránea en una sociedad disciplinada como la del centro y norte de Europa, ha creado una sociedad pasiva, asustadiza, ciertamente perezosa y sin fuerza de voluntad ni ímpetu.
Tendremos que superar esta Dictadura de la incompetencia para poder sobrevivir. Pero en mi opinión no todo es tan negativo. Este polemista catalán sufre también de uno de los males que nos aquejan a muchos de los que vivimos en los rincones que conforman el estado español, la queja infinita. Lo que si es cierto es que la realidad internacional nos obliga a cambiar radicalmente las actitudes en el manejo y disposición de aquellos recursos públicos crecientemente despilfarrados hasta ahora por una ausencia de suficiente responsabilidad social.
Es absolutamente necesaria una autocrítica colectiva que contribuya a distribuir más eficientemente los bienes de todos, reduciendo incluso aquellos puestos de trabajo innecesarios para el buen funcionamiento del sector público. Se hacen muchas cosas que no tienen ya sentido. Y para ello es preciso analizar la funcionalidad y necesidad real de tantos programas y departamentos administrativos de los que, a veces, no se sabe ni cual es su misión.
Burocracia. Imagen: Fabricio Brito, Flickr
Margaret Thatcher, el mayor referente que la derecha internacional ha tenido en las últimas décadas, decía en su autobiografía política, Los años de Downing Street, queLa propiedad estatal elimina (o cuando menos reduce de un modo radical) la amenaza de quiebra que impone disciplina en las empresas de propiedad privada. Para las empresas públicas las inversiones no son más que una nueva petición al erario público; compiten por tanto con las escuelas o las carreteras por el mismo dinero. Como consecuencia las decisiones económicas se toman en función de criterios completamente diferentes de los que primarían en una empresa del sector privado.
¿Sorprendente, no? Pues me parece que va a tener razón, manteniendo el argumento toda su vigencia en una situación como la actual.--->
