MADRID

Evolución de la red viaria metropolitana de Madrid, 1960-2000. J.M. Ezquiaga

Recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido la necesidad de limitar a tres o cuatro plantas la altura de la edificación en el ámbito de esa región española. Una propuesta de contenido urbanístico discutible.

Las razones para esta restricción no están claras. Puede venir motivada por una simplificación política sobre como controlar la forma general de la ciudad para propiciar una imagen más armónica o tradicional. La propuesta también podría derivar de una vaga idea para evitar una excesiva concentración de actividades o una excesiva densidad de la urbanización en puntos concretos. Lo que sí refleja la propuesta es desconocimiento en la comprensión de los mecanismos que conforman el desarrollo urbano.
Una altura de cuatro plantas puede dar lugar a una fuerte densidad edificatoria a través de una ocupación completa del suelo, próxima a los 4 m2 de construcción por m2 de parcela o suelo disponible (m2c/m2s) lo que, con calles de escasa sección generaría una masificación parecida a la existente en los cascos históricos de las ciudades europeas. Una alternativa diferente dentro del mismo parámetro de altura podría establecer un límite de 1 m2c/m2s lo que significaría el mantenimiento como espacios libres de parcela del 75 % de la superficie y, con ello, una imagen de ciudad completamente diferente. En este último caso, y con calles de ancho suficiente para la plantación de arbolado se podría estar ante espacios urbanos más armónicos con una gran presencia de vegetación.
El mecanismo de la ocupación de la parcela se vuelve relevante desde esta perspectiva. Con una misma altura máxima se podría tener dos formas de ciudad completamente diferentes: la ciudad compacta, característica de los cascos más consolidados o la ciudad abierta con alta proporción de jardines.
Sirva esta anécdota banal para introducir los afanes económicos y urbanísticos de la ciudad de Madrid, una de las regiones urbanizadas con mayor capacidad de desarrollo en Europa. Desde hace algún tiempo, la potencia de crecimiento que experimenta la conurbación en torno a la capital administrativa del estado español es sorprendente si consideramos su posición geográfica. La región metropolitana ha alcanzado los seis millones de habitantes en un tiempo record, y su sistema económico ha ido transformándose en un fuerte atractor de inversión, eclipsando paulatinamente al resto del país.
En Madrid existe una consciente dinámica, social y económica, relacionada con su papel como centro financiero y político que incentiva el desarrollo extensivo de su región metropolitana y que ha ido conformando un gran espacio bastante bien organizado con un carácter policéntrico, y que ocupa el centro geométrico de la península ibérica.
El papel que Madrid encarna en el mundo contemporáneo ha ido creciendo de una manera importante a lo largo de todo el siglo XX. Hoy en día representa un notable polo de concentración global. De acuerdo a la metodología para la clasificación mundial de ciudades que ha desarrollado el Globalization and World Cities Study Group (Grupo de estudios sobre la globalización y las ciudades) de la Universidad de Loughborough, relacionada con la capacidad de atracción de flujos y comando territorial, Madrid se integraría como una ciudad beta con fuertes aspiraciones de alcanzar un status hegemónico dentro del entorno europeo.
La aglomeración metropolitana madrileña se esfuerza denodadamente por lograr un crecimiento a toda costa, espoleado por sus elites políticas y empresariales. Madrid está en plena competición con otras ciudades europeas para incrementar status de metrópoli de primer orden, intentando emular los éxitos que han llevado a Londres a configurarse como una de las principales ciudades del comando del sistema financiero en la cúspide jerárquica mundial. El poder que se deriva de este proceso de concentración se ha ido convirtiendo en imparable en las actuales condiciones del sistema económico imperante y tiene como objetivo la ordenación, jerarquización productiva y de distribución de amplías zonas geográficas del planeta en una suerte de metástasis imperial que se apoya en una gran disponibilidad de combustible barato que facilita los intercambios.
El papel de las marcas globales es importante para identificar la potencia de una región en el mundo. Señalaba un taxista madrileño en una entrevista radiofónica, que al recoger a unos turistas en el aeropuerto, le solicitaron si podía trasladarlos a los lugares más relevantes. Sorprendentemente, las atracciones a las que se referían eran el estadio del Real Madrid, el Corte Inglés y la M-30, reflejando el poder global de determinadas marcas y lugares relacionados con la capital española. Es significativo que las grandes infraestructuras representan actualmente el papel monumental que las catedrales tuvieron en el pasado.
Puede que la situación esté a punto de cambiar y el coste de los suministros energéticos basados en el petróleo alcance un valor prohibitivo en fechas no muy lejanas en el futuro. En ese caso, las grandes metrópolis europeas, ya altamente insostenibles y que dependen de todo tipo de suministros provenientes de lugares lejanos, dejen de ser eficientes desde una perspectiva meramente económica y entren en un período convulso.
El desarrollo de los aprovisionamientos y de los sistemas logísticos basados en la disponibilidad de combustible barato ha llegado a un altísimo nivel de sofisticación, permitiendo el disfrute de bienes exóticos en los entornos metropolitanos mejor comunicados y con mayor poder adquisitivo. Como ejemplo, incluso el escaso pescado que se obtiene en esta parte del Atlántico sirve para el abasto de los madrileños que pueden degustarlo, en algún caso, acompañado por vinos con denominación de origen producidos también en las islas Canarias.
La metrópolis imperial por excelencia, Roma, tenía más de un millón de habitantes en su momento de mayor esplendor histórico. La organización del mundo romano convergía también en un pequeño territorio a orillas del Tiber, que acabó sucumbiendo ante la incapacidad para mantener el control sobre unas fronteras cada vez más extensas. A comienzos del Renacimiento después de más de mil años, las vacas todavía pastaban en las ruinas del Foro Romano y su población se había reducido a una dimensión similar a la de un pequeño caserío rural con unas escasas decenas de miles de personas.
Una suerte similar puede esperar a los grandes territorios urbanizados europeos, una vez empiecen a aparecer dificultades derivadas de un previsible incremento del coste de los combustibles como consecuencia de una creciente escasez.
Por ahora la región urbana en torno a Madrid ha ido acelerando paulatinamente la concentración de todo tipo de recursos. Es el caso de las obras llevadas a cabo para la expansión de su aeropuerto. Los costes financieros que han transformado a Barajas en un nodo aeroportuario de primero orden mundial han superado los 8.000 millones de euros, (más de un billón trescientos mil millones de pesetas), lo cual va a permitir que se puedan mover más de setenta millones de pasajeros anuales en un futuro no muy lejano. Estos recursos han sido extraídos del conjunto de la red aeroportuaria española a través de la empresa pública estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), cuya sede central se encuentra en Madrid. Aeropuertos nacionales sumamente rentables, como los ocho que conforma el sistema aeroportuario canario y que mueven ya más de 25 millones de pasajeros anuales, han servido de soporte para la gran inversión madrileña. Con ello se ha reforzado extraordinariamente la centralidad continental de la capital del estado. AENA es una empresa pública con escaso control democrático que, en los últimos años, se ha transformado en un mecanismo discreto para vampirizar los recursos que se producen en los aeropuertos españoles en beneficio de una sola región.
Algo similar ha ocurrido en lo que respecta a las carreteras de la Comunidad de Madrid. La red viaria metropolitana de la capital del estado se ha configurado como un entramado que permite una accesibilidad isótropa o equipotencial a una vasta superficie geográfica. El soporte infraestructural es un elemento básico y fundamental para lograr un crecimiento equilibrado, algo que se ha tenido muy en cuenta en la planificación espacial de Madrid. En las últimas décadas se ha invertido fuertemente en la implementación de sucesivas vías de carácter orbital, las M-40, M-45 y M-50 junto con el reforzamiento de las carreteras radiales, hacia Barcelona, y hacia la Coruña, lo que ha dado lugar a un espacio geográfico altamente accesible para el tráfico rodado.
La referencia más impresionante en relación a las actuaciones viarias ha sido el masivo soterramiento del primer cinturón de la ciudad, la M-30, obra que ha costado más de 5.500 millones de euros y ha dejado endeudado masivamente al Ayuntamiento de la ciudad por un plazo superior a cuarenta años, (ver noticia reflejada en el diario El País del 13/08/2007), en una intervención por la que pasara a la historia el actual alcalde madrileño y que, de una forma o de otra, acabaremos pagando el conjunto de los ciudadanos de este país. La megalomanía del alcalde Gallardón y su ansía de protagonismo frente a la presidenta de la comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, ha logrado generar una hipoteca financiera para esa corporación municipal sin parangón en el conjunto de las corporaciones locales españolas y que va a lastrar al municipio de Madrid durante varias décadas.
Otras muestras de las ansías y excesos inversores de Madrid en connivencia con las instituciones del estado, se pueden enumerar en multitud propuestas en marcha relacionadas con la actuación combinada del sector privado y el público en todo tipo de campos: los grandes rascacielos, como en el caso de las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid, que van a trasladar hacia el norte el centro de gravedad financiero de la metrópoli, o las acciones de desarrollo de infraestructuras culturales potentísimas como las ampliaciones en curso de los museos del Prado y Reina Sofía o la sede del CaixaForum. El refuerzo de la iniciativa privada en el proceso de concentración de poder económico y administrativo también es evidente en la estrategia para el aumento del poder y atractivo de la región madrileña. Las recientes terminaciones de las sedes empresariales de Telefónica y del Banco de Santander, a la manera de ciudades corporativas, van a contribuir colateralmente al reforzamiento de la centralidad, en consonancia con el crecimiento de la capacidad de influencia y poder económico que ha experimentado España en el panorama mundial.
Desde la periferia habría que exigir una mayor contención de las ansías centralizadoras y un reparto más equitativo de los recursos públicos nacionales para poder llevar a cabo un desarrollo más armónico de las regiones que no cuentan con estructuras metropolitanas tan potentes como las madrileñas o catalanas.
Madrid se ha ido convirtiendo en una especie de agujero negro que absorbe todo tipo de recursos, suministros energéticos, mercancías, flujos de personas, capacidad financiera, etc. en detrimento de un reparto más equilibrado y racional de los bienes públicos a lo largo de la geografía española. Todo ello en aras de una concepción social y política ligada a la extensión de un poder económico insostenible a largo plazo. Una ideología de raíz americana, basada en un liberalismo insolidario, se ha apoderado de los habitantes de la región madrileña estableciendo una creciente división entre lo que ocurre allí y el resto de las ciudades y regiones del estado.

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE CEMENTO

Ramón Martín Mateo
Aranzadi. Navarra, 2007

Es esta una obra que pretende participar en el debate sobre las causas y razones que han posibilitado la avalancha de desmanes urbanísticos sucedidos a lo largo y a lo ancho del estado español en los últimos tiempos. Con un lenguaje jocoso y de una manera deslavazada, el autor ofrece pinceladas interesantes para comprender el desbarajuste que existe en el urbanismo de nuestro país y al mismo tiempo ofrecer algunas alternativas para su corrección.

A Ramón Martín Mateo le avala una experiencia de muchos años en la práctica del Derecho Administrativo, como Catedrático de la materia en la universidad de Alicante, así como debido a su paso por distintas administraciones públicas, ayuntamientos incluidos. Su estadía de muchos años en la región valenciana le ha permitido también una perspectiva de primera fila sobre una de las geografías que más ha sufrido un desarrollo territorial desmesurado.
Aunque el libro ofrece un paisaje caracterizado por una cierta recopilación de las conocidas verdades del barquero, o de Perogrullo según se prefiera, a veces no está de más volver a recordar cosas evidentes.
La urbanización es una actividad compleja que trata de responder a una de las necesidades básicas de la humanidad, la disposición de un entorno adecuado al desarrollo de la vida en comunidad. Debería considerarse, por tanto y en primer lugar, una actividad pública, un servicio colectivo, que, si es liderada por la iniciativa privada y considerada meramente como una gestión económica, supone la generación de importantes plusvalías a sus promotores.
Un primer problema que plantea el crecimiento urbanístico de la ciudad ya consolidada es la selección de aquellos lugares más convenientes, lo que siempre lleva aparejadas situaciones de monopolio al ser el suelo un recurso no renovable. Por lo general, la proximidad a la costa es también otro factor esencial para el estímulo del crecimiento urbano. Por eso la ribera del mar es el espacio que genera una mayor tensión especulativa y aquel que ha ido ocupándose paulatinamente a lo largo del siglo XX en la mayoría de los países. Es cierto que no siempre fue así. En el pasado, se consideraba al medio marino como una amenaza antes que un espacio para el disfrute. Por el mar llegaban agresores de todo tipo, se sufrían tormentas y en su proximidad se podían sufrir descalabros. Algunas ciudades marítimas vivían normalmente de espaldas al mar, excepto en las zonas abrigadas y puertos.
Hoy en día, la primera línea de costa, aquella que cuenta con playas o un paisaje con características pintorescas o escenográficas, es un recurso económico de primer orden. Pero la ocupación acelerada del suelo costero ha ido generando consecuentemente una escasez cada vez más acusada de este bien limitado, adquiriendo la condición de monopolio que tiende a incrementar su valor de una manera desorbitada. La costa mediterránea es ya un conglomerado de edificios que se extiende con una anchura variable desde Italia hasta el Atlántico, como consecuencia de un proceso de ocupación masivo que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX desde la Costa Azul y la Riviera italiana hasta los lugares deshabitados de Murcia y Andalucía en nuestros días. Este proceso de masificación de la costa se extiende por las distintas geografías costeras siguiendo pautas más o menos similares. Los archipiélagos como Baleares y Canarias, lógicamente, son otro bocado apetecible. Ante la escasez de materia prima, las fuerzas del mercado están apostando por la costa de Marruecos en este momento.
Es aquí donde aparece la gallina de los huevos de cemento a la que hace referencia el autor. Una nueva especie animal para Martín Mateo que ha heredado las tareas de un antepasado mítico con mayor fortuna y provecho. Estas peculiares aves llevarían a cabo una actividad lucrativa sumamente rentable, al transformar terrenos baldíos en lugares llenos de construcciones y en ese proceso enriquecer desmedidamente a sus interesados granjeros. La producción de la gallina de los huevos de cemento se caracterizaría por una escasa necesidad de recursos iniciales así como la ausencia de un conocimiento especializado muy complejo para poder llevar a cabo su labor por lo que su producto estaría al alcance de cualquiera y, especialmente, de aquellos individuos desalmados que están a la caza y captura de la plusvalía fácil.
Señala jocosamente el autor, el paralelismo de la gallina de los huevos de cemento con el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro pero a una escala más rentable. Parecería que la acción de este animal doméstico transforma en millonarios, rápidamente y con un esfuerzo mínimo, a aquellos que intervienen en el proceso de producción inmobiliaria descrito. Algo que es una aspiración colectiva muy extendida en nuestros días.
El problema se plantea cuando se trata de la producción de bienes de primera necesidad y que suponen un esfuerzo económico muy importante, como es el caso de las viviendas. Además, el crecimiento de las ciudades comporta el inconveniente de producir otro tipo de bienes colectivos que deben acompañar a la vivienda y que sin los cuales la nueva urbanización no podría funcionar adecuadamente. Es imprescindible conectar los nuevos desarrollos a las redes viarias y de infraestructuras existentes así como dotar con calles urbanizadas, servicios colectivos como colegios, asistencia sanitaria, parques y redes de abastecimiento y suministro, Bienes cuya produccion tiende a recaer casi siempre sobre las instituciones en un esfuerzo público muy importante para la colectividad.
Es en este punto, donde se produce la tensión entre los operadores privados y lo público, puesto que la actividad urbanizadora privada se plantea esencialmente a partir de la apropiación de elementos que son parte de una construcción social para, en cierta manera, llevar a cabo un saqueo indiscriminado de los recursos de la sociedad. El operador privado actúa siempre desde la lógica del mínimo esfuerzo para disponer de los servicios necesarios con el menor coste, apropiándose en el proceso de una plusvalía generada fundamentalmente por cuestiones de localización o derivadas directamente del desarrollo de la urbanización.
Debido a lo anterior, parece razonable que se límite el crecimiento del negocio inmobiliario indiscriminado y se lleve a cabo la orientación de las necesidades residenciales desde los poderes públicos mediante una gestión activa de liderazgo urbanístico. Este problema es algo que ha quedado en evidencia en lugares en que ya se ha detectado claramente la finitud del espacio disponible, como es el caso de territorios costeros o los archipiélagos.
La recalificación urbanística de los suelos situados junto al litoral ha convertido a los políticos directamente implicados en una especie de Midas contemporáneos. Como señala el autor, la fuerte revalorización de terrenos que este mecanismo legal ofrece a partir de una transformación nominal de su aprovechamiento, ha originado su aplicación masiva y descontrolada, dando impulso con ello a los innumerables escándalos urbanísticos que han tenido lugar en el estado español. La potestad municipal para el cambio legal a urbanizable del suelo ha sido en los últimos años de una rentabilidad extrema, si se considera la nula inversión que se debe de realizar. Depende principalmente de una decisión administrativa de las corporaciones municipales, eso sí con una supervisión laxa de otros poderes urbanísticos y la connivencia de todo tipo de funcionarios y técnicos.
Propone Martín Mateos que la extensión de la urbanización debe de decidirse mediante mecanismos transparentes que garanticen la mejor opción colectiva. La elección de los ámbitos a urbanizar debería estar presidida por la idea de adjudicar mediante subasta el posible beneficio que se origine mediante la recalificación.
Una clave para una mejor garantía colectiva sobre las decisiones administrativas que generan plusvalías estaría en la transparencia extrema sobre los procesos que llevan a cabo las transformaciones urbanísticas, pudiendo poner en evidencia con facilidad y rapidez las actividades destinadas a la mera apropiación de bienes públicos, mediante sobornos, prevaricación o cohecho. Como se recuerda en el libro, en referencia al juego del dominó, vigilarás con esmero al señor del lapicero.
Incisivamente se señala también la falta de independencia suficiente del cuerpo de funcionarios de carrera, Secretarios, Interventores y Depositarios. (pg.86).La anécdota presenta al Secretario del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Moreno Brenes, al que el famoso delincuente y alcalde Jesús Gil y Gil amenazó en un programa radiofónico lo que llevó a cabo posteriormente, al declarar que voy a echar al Secretario comunista que me quiere paralizar el Ayuntamiento. Este ejemplo es una demostración palpable del sometimiento extremo de los funcionarios y empleados públicos a la esfera política, en algunos casos.
El argumento básico sobre el que se fundamentan numerosas tropelías estaría en la famosa autonomía municipal La excusa política para llevar a cabo decisiones antidemocráticas se basaría en el mandato constitucional al efecto, lo que posibilitaría según los munícipes interesados, para la toma de decisiones de espaldas a los administrados y contra sus intereses. De acuerdo a la Constitución Española, los Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones no pueden equipararse a una especie de Ínsulas Baratarias en las que los representantes por el mero hecho de haber sido formalmente elegidos pueden llevar a cabo cualquier decisión.
En el caso del urbanismo y del planeamiento territorial se evidencia la necesidad de extender la democratización a esas cuestiones que tienen una relevancia especial para la ciudadanía. Propone finalmente Martín Mateo, la posibilidad de aprobación de los Planes Generales de Ordenación, documentos territoriales y construcciones que afectan notablemente a los ciudadanos por la vía del referéndum consultivo. Según la propuesta del autor bastaría con que los Alcaldes dictarán una ordenanza específica al efecto. Algo a lo que muy pocos políticos estarían dispuestos evidenciando con ello el notable déficit que presenta la democracia formal alcanzada en este país.

Madrid. Un territorio desde el aire

Ya que no nos vamos de viaje, veamos Madrid desde lo alto. Próximamente, habría que comentar este especie de agujero negro urbanístico que está influyendo tanto en los que vivimos en este país

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

BEJEQUE. Aeonium ciliatum, endemismo de la isla de la Palma. Cecilio Pérez, 2006

Hace un par de meses, el gobierno de la nación ha remitido un nuevo proyecto de ley al Parlamento para su tramitación con el objetivo de mejorar la protección medioambiental. Probablemente, iniciará su andadura en el Congreso de los Diputados en el próximo otoño. Es, pues, un buen momento para hacer una contribución y reflexión sobre sus motivos e implicaciones.

La futura Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad nace con una voluntad bienintencionada de incrementar la protección de los ecosistemas naturales que aun se conservan en nuestro país. Sin embargo, el problema de la desaparición acelerada de especies y la transformación territorial sigue su curso inexorable como bien ha venido a ejemplificar la terrible ola de incendios padecida este mes en Canarias.
El futuro texto legal, en su redacción actual, parte del reconocimiento de la importancia biológica de España dentro de la Unión Europea, al ser el país con mayor diversidad de flora y fauna, tal como señala un artículo publicado al respecto por la revista Carta Local de la Federación Española de Municipios y Provincias. La riqueza biótica española es extraordinaria y, dentro de ella, el archipiélago de Canarias representa un espacio privilegiado que alberga una parte muy importante de la misma, debido a la gran diversidad de habitats que las islas mantienen hoy en día en un relativo aislamiento.
Nuestro territorio cuenta con una amplía variedad de especies botánicas, con la presencia de plantas muy diversas como hongos, líquenes y musgos y también, una amplía representación de plantas vasculares, flores y helechos. La fauna tiene una gran importancia, como tantas veces han expresado insignes biólogos locales; las especies animales endémicas de Canarias constituyen casi la mitad de las que existen todavía en nuestro país. El hecho en sí, es que el territorio con características naturales existente en las islas ya se encuentra fuertemente protegido a partir de una visión administrativa de la cuestión. El cuerpo legislativo en materia de medio ambiente es bastante extenso y prolijo y ha dado lugar a que desde hace más de dos décadas más del 50% de la superficie del archipiélago cuenta con una designación como espacio natural. En estos espacios se han llevado a cabo mayoritariamente planes de uso y gestión correspondientes, tal y como ha expresado recientemente el órgano responsable, la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente.
Siendo estos valores nacionales importantes, el planteamiento legal que se ha presentado a trámite parlamentario, adolece de importantes defectos, reflejados en el llamado por la Ley, principio de precaución. En primer lugar, la ley pretende situar los valores naturales por encima de cualquier otra consideración. Ello significaría la prevalencia de los objetivos de la protección medioambiental sobre la ordenación territorial y urbanística cuando debería ser la planificación territorial la que abordara desde una perspectiva holística más amplía una adecuada preservación del conjunto de valores históricos conservados, incluyendo los naturales.
Otra argumentación que se suele aducir para incrementar la burocratización legal de la relación con los entornos naturales es la transposición nacional de normas europeas y recomendaciones internacionales, Estos referentes parten de objetivos loables como lo expresado en el plan de acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, asumido por la Unión Europea, que propone lograr para el año 2010 una reducción significativa de del ritmo actual de perdida de diversidad biológica como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida sobre la tierra. Algo con lo que cualquiera estaría de acuerdo pero que no es realista en relación a la capacidad de las fuerzas de transformación en curso, derivadas del incremento acelerado de la población mundial, factor esencial de la degradación medioambiental global.
En virtud de la futura Ley se propone el mantenimiento del conjunto de espacios ya catalogados como de valor ambiental dentro de la red Natura 2000 y, al mismo tiempo, el incremento de la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Premisas muy loables sobre el papel pero que esconden una realidad administrativa muy distinta en que las decisiones se realizan en la práctica de espaldas a la población. Lo cierto es que la delimitación actual de los espacios naturales designados en Canarias, adolecen de múltiples errores y han sido instrumentalizados sin tener en cuenta las razones y el conocimiento aportado por la opinión pública más allá de las consideraciones excluyentes de grupos selectos de funcionarios.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, junto con el conjunto de los recintos de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias presentan multitud de problemas que deberían llevar a su reconsideración. La utilización de cartografía inapropiada, de escalas excesivas y sin nivel de detalle, ha originado errores que deberían corregirse racionalmente., Delimitaciones que incluyen zonas urbanas consolidadas, espacios claramente antropizados y recintos agrarios en explotación indicarían la necesidad de su corrección a través de una participación pública efectiva y más allá de las opiniones de los supuestos expertos con responsabilidad.
La ley, en su redacción actual, contribuiría en una posible extensión del error en el tratamiento de los entornos naturales al considerar que la protección de los espacios naturales designados podrá ampliarse sin límite definiendo zonas periféricas con vinculación administrativa destinadas a evitar supuestos impactos paisajísticos y extendiendo con ello el proceso burocratizador a amplias superficies del territorio más allá de los espacios naturales realmente existentes.
Esta Ley es una expresión de las actitudes amparadas por exposiciones pseudo disciplinares sobre la conservación de la naturaleza que presentan una cortedad de miras evidente. Como consecuencia, las percepciones populares sobre la cuestión han ido adquiriendo unos matices excesivamente simplistas y de fe ciega, rayanos en una especie de religiosidad sustitutoria que está impidiendo comprender el alcance de los problemas que hay que afrontar realmente.
El fanatismo sobre la defensa de lo natural impide comprender que hoy en día la práctica totalidad del planeta ha sido colonizada por la humanidad de una manera o de otra. Los espacios naturales son una reliquia del pasado, hipervalorada desde posiciones románticas y que no contemplan que nuestro entorno ha ido convirtiéndose paulatinamente en una especie de neoecosistema reestructurado por la especie humana. Es este hábitat histórico, espacio construido en la transformación de los elementos naturales preexistentes, el que habría que proteger globalmente, incluyendo a los elementos naturales que se conservan.
La sostenibilidad no puede concebirse solo a partir de la conservación exclusiva de lo natural en sí mismo. Por el contrario, debe de plantearse desde la identificación del conjunto que forma el patrimonio territorial heredado, el reconocimiento de las prácticas saludables de relación del hombre con el medio y su protección para la viabilidad futura de la especie frente a los avatares que puedan sobrevenir.
El actual modelo suburbano de crecimiento metropolitano, exportado desde los Estados Unidos y basado en la disponibilidad abundante y barata de combustibles y energía, ha llevado a la concepción de que el incesante movimiento de personas, y la redistribución infinita de mercancías y capitales es una opción viable indefinidamente.
Lo cierto es que, probablemente, se esté en ciernes de afrontar una nueva era en la que los combustibles fósiles serán cada vez más escasos y, por tanto, los fundamentos de este modelo de desarrollo van a quedar fuertemente cuestionados. Con ello, probablemente, habrá que volver a aprovechar los recursos locales, tanto agrícolas como artesanales y, por tanto, habría que ir empezando a considerar en serio la preservación del conjunto de elementos que forman el patrimonio territorial de los lugares como garantía de pervivencia hacia el futuro.
De acuerdo a la argumentación anterior, habría que establecer medidas realmente proactivas en la defensa del territorio, superadora de las estrechas visiones actuales sobre lo ambiental. No basta con la implantación de nuevas leyes que enmascaran la ineficacia de las instituciones y salvaguardan temporalmente la consciencia de nuestros dirigentes. La lucha contra la burocratización de nuestro entorno es una tarea inaplazable y debe incluir un reconocimiento de los valores heredados existentes en el patrimonio territorial en su conjunto, más allá de los exclusivos aspectos naturales.
La conservación del capital construido en el territorio, agrario, en las prácticas agrícolas y de cultivo, en el aprovechamiento y distribución del agua, en las prácticas artesanales tradicionales, etc. son parte de la principal cuestión olvidada, el patrimonio territorial, respecto a la que se ventila realmente el futuro de cada lugar.